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Recuperación del IGIC o IVA cuando se interpone una demanda arbitral

En el artículo de hace unos días sobre El Arbitraje y las Asesorías se señalaba, como una de las ventajas que el asesor puede trasladar a sus clientes profesionales respecto al uso del arbitraje, la posibilidad de evitar incluir en la base imponible del impuesto de sociedades los importes de facturas no cobradas.

Aclarando aún más el concepto, hoy traemos una cita de un Boletín de la consultora Deloitte, en la que la Dirección General de Tributos responde a una pregunta sobre el tema en cuestión.

Descarga el Boletín (PDF) completo en este enlace.

Cita respuesta:

14. Dirección General de Tributos. Contestación nº V2512-12, de 20 de diciembre de 2012.
Base imponible – Modificación – Créditos incobrables – Reclamación de créditos incobrables mediante demanda de arbitraje – El requisito de reclamación judicial del cobro ha de considerarse cumplido cuando en el oportuno contrato se haya incluido una cláusula de arbitraje y efectivamente se acuda a la misma.
En esta consulta, la DGT se ha pronunciado sobre si el convenio arbitral previsto en la Ley 60/2003, de Arbitraje, surte los mismos efectos que la reclamación judicial al deudor, para poder efectuar la modificación de la base imponible por créditos incobrables.
A tal efecto, la DGT en primer lugar considera que para la determinación de si puede entenderse cumplido el requisito previsto en el número 4º, del artículo 80, apartado cuatro de la Ley 37/1992, relativo a la instancia del cobro “mediante reclamación judicial al deudor”, cuando en los contratos se ha previsto acudir el recurso al arbitraje privado, habrá que tener en consideración lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
La DGT, una vez analizada dicha norma, declara que el convenio arbitral sustituye a la interposición de la correspondiente demanda judicial para la instancia de cobro (artículo 11), se ajusta a los principios de audiencia y contradicción (artículo 24), en su desarrollo se realizan las pruebas que sean necesarias (artículo 30) y culmina con un laudo que es ejecutable en los términos dispuestos por la citada Ley 60/2003. En esas circunstancias, y de acuerdo con la asentada doctrina de la DGT, concluye que las cautelas a las que responde la condición que se establece legalmente, según la cual no cabe la modificación de la base imponible por impago del destinatario si no se ha instado judicialmente el cobro por parte del acreedor, han de considerarse cumplidas cuando en el oportuno contrato se haya incluido una cláusula de arbitraje y efectivamente se acuda a la misma.
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